Un nuevo ataque a nuestros salarios y a los servicios públicos

Secretaría de Formación y Divulgación

El 29 de  agosto el gobierno presentó públicamente  el  anteproyecto denominado “Ley para el  Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público”. Este es parte del plan “B” del gobierno para enfrentar el déficit de las finanzas estatales mediante el ataque a los servicios públicos y la planilla estatal, trasladando sobre las espaldas de los trabajadores los efectos de la evasión y la exoneración fiscal de los empresarios, la corrupción y el desmantelamiento de la institucionalidad pública.

El proyecto busca en primera instancia aplicar una rebaja generalizada de los salarios en el sector público mediante la eliminación de los llamados pluses o incentivos salariales que forman parte integral del salario y representan cerca del 40% de los ingresos de los trabajadores estatales. Pero el proyecto tiene una ambición mayor la cual es terminar por enterrar los servicios públicos que han venido siendo desmantelados por las políticas neoliberales.

• Evaluaciones para rebajar el salario, despedir personal y cerrar instituciones

Una de las medidas que propone el proyecto es la aplicación de evaluaciones del desempeño para “mejorar la productividad” de los funcionarios. Según el gobierno son los trabajadores los responsables del mal funcionamiento de las instituciones estatales, cuando en realidad los problemas actuales son producto de la corrupción y del mal manejo de los jerarcas, así como de años de políticas de recorte en los recursos públicos por no querer cobrarles impuestos a los empresarios.

Dichas evaluaciones lo único que pretenden es justificar el falso argumento neoliberal de que nada de lo público sirve para  reducir  salarios, aplicar de despidos y privatizar  servicios que hoy son de gran importancia para la amplia mayoría de la población.

• Eliminar las conquistas salariales para rebajarnos el 40% del salario

El gobierno busca eliminar las conquistas salariales del sector público, que hoy son atacadas argumentando que son privilegios o pluses adicionales, cuando en realidad forman parte integral del salario de los funcionarios públicos. Los empresarios dicen que nuestros derechos son privilegios cuando en realidad aquí los únicos privilegiados son ellos  al evadir impunemente los impuestos o al ampararse en beneficios como las zonas francas para no pagar ni un solo colón al fisco.

De acuerdo con este proyecto de ley todos los llamados pluses o incentivos deben revisarse para  ver cuales pueden seguir vigentes a partir de los criterios que defina el gobierno. Es decir, lo que nos enfrentamos es la eliminación de estas conquistas para rebajarnos el salario, imponiendo lo que desde hace algunos años hemos llamado salario único.

• Eliminar la negociación colectiva

Este proyecto plantea que para otorgar algún derecho salarial el gobierno debe justificar su razonabilidad y la forma en que incentiva la productividad, así mismo previamente se deberá identificar los nuevos ingresos que los cubrirán y tener el respectivo aval de la contraloría. Con esto se sepulta cualquier posibilidad de obtener conquistas salariales producto de la movilización de los trabajadores organizados.

Las convenciones colectivas han sido históricamente un instrumento para lograr mejores condiciones de vida para la clase trabajadora, permitiendo que el patrono y el sindicato pacten condiciones salariales y laborales superiores a los mínimos de ley. Este proyecto pretende que  todas las convenciones deben renegociarse bajos las condiciones que impone la ley en un plazo no mayor a seis meses, vencido este período sin firmar un nuevo acuerdo se pierden los derechos que pudieran haber sido conquistados por esa vía.

Algunas otras reformas específicas que se incluyen en el proyecto

Cualquier de los artículos de la ley apunta en el sentido de la eliminación de derechos, veamos algunos de las reformas propuestas: