Mentiras y mitos sobre el gasto público José Luis Vega Carballo Fuente: elpais.cr | 19/10/2011 Columna "Pensamiento Crítico" Cuando la presidenta andaba en la precampaña del PLN y se enfrentaba con Johnny Araya (quien creía necesario aumentar la carga tributaria) ella dijo, en un vídeo que ha circulado profusamente en los últimos días, algo que a todas luces era y es razonable, y a la vez lanzó una contundente promesa de campaña: "Crear tributos en medio de una crisis no es la mejor receta. La mejor receta es usar lo mejor posible el gasto público con el que ya contamos para hacerlo más racional y hacer que le llegue directamente a la gente que lo necesita. Ya la gente me conoce. Saben que mi estilo ha sido siempre hablar de frente, dar la cara y decir lo que pienso. No soy de las que dicen una cosa y hacen otra." Hay mucho de verdad, de honestidad y firmeza, en lo afirmado entonces en cuanto a que, lo más urgente y justo de hacer antes de elevar los impuestos, es racionalizar el gasto público, lo cual implica meterle el diente al supra-sistema de la corrupción desenfrenada. Y en particular, agregamos aquí, a los gastos dispendiosos, superfluos y redundantes, los dedicados a alimentar ese sistema bien organizado desde la cúpula del poder, preferentemente tomar esos recursos para trasladarlos a satisfacer necesidades apremiantes del país en materia de mejora y ampliación de servicios públicos e incremento de las inversiones productivas generadoras de empleo y de beneficios para un alicaído sector productivo nacional, dedicado a satisfacer necesidades de consumo prioritarias del mercado nacional. Hasta ahí podía contener algo de veraz, sensato y hasta esperanzador el discurso con que Chinchilla se candidateaba antes de que se volviera una tomadura más de pelo y una farsa. Lo que parecía ser una justa y sincera promesa, ahora nos damos cuenta que es una burda pieza de corrupta retórica politiquera, una más que forma parte del estilo de la toma de decisiones que campea entre Zapote, Cuesta de Moras y Rohrmoser. Así se concretó una primera mentira y burla para el electorado. La otra se da cuando Arias le promete falsamente a Chinchilla que le deja "la mesa servida" (arcas llenas y programas) para que se dedique solo a administrar y dar cumplimiento a la estrategia arista de convertir a Costa Rica en el país más desarrollado de América. Dijo al respecto en un rimbombante discurso y, como es su costumbre, con gran autobombo: "Me he sentido a gusto con mis ideas. He peleado con la honda de David por mis ideas y han prevalecido, han triunfado y esa es la Costa Rica que le dejo a doña Laura. Le dejo la mesa servida; los grandes cambios difíciles ya los hicimos. Ella lo que tiene que hacer es continuar con lo que hemos hecho y administrar." Para nada mencionó que su delfina tendría que aumentar impuestos, menos racionalizar el gasto público. Más bien se insinúa que podría dedicarse a gastar rubros de un presupuesto nacional bien financiado y balanceado que le dejaba encaminados en su calidad de rey supremo de la República. Otra mentira y burla para el electorado. Lo que sí ejecuto arias con precisión fue un incremento del gasto a escala astronómica para contribuir a colocar a Chinchilla en la silla de Zapote y darle motivación a la corrupta maquinaria electoral liberacionista con vistas al torneo de febrero de 2010 - el llamado "ciclo electoral"-, lo cual hizo que el jefe supremo de la anunciada "dictadura en democracia" terminara su gestión con números rojos en el balance presupuestario, tuviera que pactar ilegalmente préstamos para cubrir gastos corrientes, y volverse el principal responsable del déficit fiscal acumulado que enfrenta Chinchilla, ahora sentada en la mesa vacía que le dejó. Pero, en vez de reducir el gasto innecesario que en la mayor parte de los casos se utiliza para turbios y corruptos negocios privados, la señora una vez ungida como presidenta junto al séquito de neoliberales que la rodea, lo que ha buscado con insistencia es ante todo aumentar los impuestos regresivos, que deberán pagar como siempre las clases medias y trabajadoras, mientras que del gasto no habla y si lo hace es, de nuevo, en broma, por pura retórica, y para engatusar incautos. No existe un compromiso serio para bajarlo más allá de una pírrica suma de ₡50.000 millones decretada en el aire y sin firme propósito el pasado 7 de junio; esto frente a un déficit que casi llega a los ₡1.000.000 millones y que ha forzado a Hacienda, solo en el primer semestre de este año, a colocar bonos por la bicoca de ₡975 mil millones (US$1.933 millones) en el mercado financiero local. En fin, que no hay compromiso serio alguno (ni siquiera con el PAC a lo largo de 10 meses de negociaciones secretas) de evaluar el gasto, reducirlo o racionalizarlo, como sería la mejor opción para cambiar de rumbo. Si se siguiera otra línea, Chinchilla podría aprovechar la crisis fiscal desatada por los Arias para atenuar rigideces, racionalizar, readecuar a otros fines y adecentar el gasto público, con lo cual el dúo Chinchilla-Herrero intentaría, no sólo una parcial reforma tributaria, sino dar inicio a una verdadera reforma fiscal; y además cumpliría la promesa de campaña de no recetar más impuestos a una empobrecida y burlada ciudadanía, harta de las falsas promesas y mentiras que le receta una patrañera clase política. Otra falsedad, muy asociada con la anterior, consiste en repetir una y otra vez ante la opinión pública que el problema del gasto es, no tanto su calidad, sino ante todo su cantidad o monto respecto del PIB; y que su tasa anual de crecimiento asfixia la economía y nos fuerza a endeudarnos interna y externamente por encima de límites aceptables que nos ponen al borde una crisis de "deuda soberana" semejante a la de varios países europeos, Grecia entre ellos. Pero resulta que los datos oficiales señalan otra cosa y es bueno tenerlos en mente a la hora de analizar la estructura y la coyuntura económico-social del país si no queremos correr el riesgo de dejarnos llevar por las mentiras que los políticos y economistas neoliberales han divulgado desde años atrás y que los medios de comunicación han reforzado sin cesar para lavarle el cerebro a la ciudadanía y seguir aprobando medidas injustificadas, que benefician en extremo al capital y perjudican los derechos y rentas del trabajo de las clases medias y trabajadoras, todo ello en un clima de temor y zozobra siniguales. Pasando entonces ahora de las falsedades a mensurables realidades, y si nos basamos en cifras disponibles sobre el gasto público y la carga tributaria, no parece que estos sean muy altos en nuestro país en comparación con otros países de semejante nivel de ingreso y desarrollo (como ya lo hemos mencionado en esta columna en varias ocasiones), tales como Uruguay, Argentina, Chile, México y Panamá. Por tanto, las erogaciones no deberían ser recortadas o congeladas por esa razón, sino por problemas de mal manejo y pésima calidad relacionados todos con el despilfarro y la corrupción; lo cual hace inconveniente el subir impuestos para aumentar el gasto en manos de una clase política espuria y delincuencial. Esto significa que no deben darse más recursos a quienes los despilfarran y malversan, sino trasladarlos a otras manos y, con alta prioridad, hacia inversiones productivas generadoras de más empleo, bienestar y riqueza, con lo cual podrían convertirse en estímulos para superar la postración económica en que estamos desde el 2008. Si mediaran otras circunstancias bajo una clase política distinta, entonces otro gallo cantara. Los bajos niveles de ingresos e ingresos fiscales respectivamente de 14% y 19% del PIB bien podrían elevarse, en esa perspectiva, hasta un 30% del PIB; o quizás mucho más si nos guiamos por los estándares alcanzados en varios países europeos, principalmente los escandinavos donde la carga tributaria duplica la nuestra y donde las élites socialdemócratas no han renunciado del todo al Estado de Bienestar ni lo saquean, como sucede aquí bajo la cúpula verdiblanca y arista. De todos modos, téngase en cuenta que nos hallamos aún en una tendencia reduccionista del gasto. Así, entre los años 1973 y 2.000 el gasto fiscal como porcentaje del PIB se redujo de un 25,8% a un 23% del PIB; la planilla se contrajo en casi un 20% afectando el volumen y poderío de la clase media; la inversión en infraestructuras cayó también vertiginosamente a un tercio de lo que era en 1980. Y si bien el gobierno central tendió y tiende a aumentar el gasto, el sector descentralizado se ha movido en sentido opuesto y a la fecha es superavitario. En general, hasta antes de la segunda llegada de los Arias al poder hubo bastante estabilidad y mejora de la situación fiscal, como lo indica un déficit promedio solo el 1,7% del PIB entre 1996-2006; incluso hubo un superávit de 0,8% en el 2006. El gasto excluido el pago de intereses de la deuda se contrajo en 1,6 puntos porcentuales del PIB entre 2003-2005 durante el gobierno de Pacheco, mientras los ingresos crecieron en 0,6 puntos lo cual permitió bajar la deuda pública en 4,7 puntos. Y los gastos gubernamentales en salarios, bienes y servicios del gobierno central bajaron a lo largo de la década de 5,4% a 5,2% del PIB. En fin, que no fue sino a partir del 2007 cuando se reiniciaron los desequilibrios fiscales coyunturales en torno al gasto público general, causados por el ciclo electoral, el clientelismo político, la incoherencia y la galopante corrupción del régimen continuista de los Arias.
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