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 Artículos recopilados por la Secretaría de Formación y Divulgación o enviados por asociados. La opiniones son de quien escribe y no necesariamente las de la APSE. |
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Marzo del 2005 Agua,
entre el derecho a la vida Raúl
A. Wiener En
25 años, dos tercios de la población mundial no tendrá agua
potable. Los países más poderosos se están preparando para esta
escasez estratégica. No se puede aspirar a dirigir el mundo con una
perspectiva de una sed tan masiva como inminente. Pero no lo están
haciendo por vía del ahorro o de tecnologías que incrementen las
reservas. Nada que ver. Por
ahora nadie se propone replantear el sobreconsumo del mundo
desarrollado. Que una parte del planeta consuma 20 veces más que la
otra, y que un ciudadano de Estados Unidos utilice 600 litros
diarios promedio cuando debería usar cincuenta, mientras muchos en
el África no llegan a 20 litros, no parece ser ningún problema.
Los ojos de los estrategas del sistema van hacia otra parte. Están
fijados en la existencia de concentraciones acuíferas en diversas
partes del globo y en evitar que este recurso se pueda convertir en
un factor de fuerza para los países que las contienen. Una
OPEP del agua potable sería peor que las ADM (armas de destrucción
masiva) que tanto atemorizan al imperio y a las sociedades de la
abundancia. Contra eso se está luchando anticipadamente. Y de los
mecanismos que se han puesto en marcha, el más importante de todos
es el de la privatización. Hay
un interés muy grande por mercantilizar el agua; borrar la idea que
se trata de un derecho de gentes y una obligación estatal de
proveerlo; favorecer la subida de tarifas hasta lograr que se
establezcan cotizaciones internacionales; desarrollar sistemas de
transportabilidad internacional del producto (tuberías
transfronterizas, contenedores, buques cisterna, etc.); en pocas
palabras impulsar el mercado global del agua, en el que manda el que
más puede pagar y en el que los que transan son agentes privados en
busca del lucro inmediato. Desde
la perspectiva local de los países pobres, que tienen ríos, lagos
y glaciares, pero que sufren de escasez crónica en sus principales
áreas urbanas y de carencia casi total en los espacios rurales, los
temas de la disputa global no parecen ser pertinentes, por lo menos
por ahora. Hablamos del dinero que no tenemos para ampliar las
redes, de las administraciones estatales deficientes, de los
compradores que nos ofrecen el oro y el moro, de los corruptos que
desfalcan las empresas, etc. Pero,
como nos sucede siempre, no contrastamos esos elementos con los
valores con que nos dotó la naturaleza y las capacidades que hemos
sido capaces de desarrollar con nuestro propio esfuerzo. El Perú
con su difícil geografía, su clima impredecible y su variedad de
culturas, es una sociedad obligada a tener planes, a combinar
recursos y personas de manera eficiente, a priorizar, a guardar para
etapas difíciles, a conservar su ambiente, a cooperar. Claro que
todo eso se opone al esquema neoliberal que domina el mundo. Pero,
salvo que queramos quedarnos sin futuro, sin llegar siquiera a
alguna mejora sensible en el presente, tenemos que dejar de
colocarnos tras la ola de la corriente mundial y señalar con
claridad el país que nos corresponde ser. El
tema del agua es ése. Perversamente se nos quiere hacer pensar que
en el juego entre nuestras necesidades y los intereses globales, no
tenemos nada con lo que hacernos valer. Que sin el toque de la mano
del inversionista transnacional, nuestros recursos, nuestras
instituciones, nuestras empresas, nuestro trabajo y nuestra
inteligencia, carecen de valor de mercado. Entonces tenemos que
rendirnos al mejor postor. Somos la cuna del río más caudaloso del
mundo, de un inmenso lago situado en una de las mesetas más elevada
de la Tierra, tenemos como columna vertebral una cordillera de
hielos perpetuos que se deshiela en dirección a dos océanos, hemos
irrigado una amplia porción del desierto costero, explotado la
riqueza infinita de los cerros y abierto el camino al dominio de la
selva. Tenemos una empresa que es capaz de manera diariamente casi
tres millones de conexiones domiciliarias e industriales y empresas
que durante décadas han abastecido de agua a los pueblos del país. Pero
sobre la mesa está el argumento aparentemente irrebatible del
Estado sin recursos, de la población que crece en demografía y
necesidades, de la modernidad global que no alcanzamos. Argumentos
que son disparados por medios de comunicación cuyos propietarios
son parte de las conversaciones que se apuntan a privatizar. Si se
va a privatizar Sedapal con tres millones de facturas que
puntualmente tendrán que ser pagadas a la cuenta del concesionario,
no será tan difícil hacer un sitio para que empresarios peruanos
agarren una pequeña fracción de este inmenso negocio. Y lo mismo
para los casos de las ciudades importantes de provincias. ¿Y
lo demás?, ¿y las empresas hueso, que carecen de interés de
compra? Se las sueltan pues al primer aventurero que pase por el
camino, como ya hicieron experimentalmente con la empresa de la
provincia de Pacasmayo, en La Libertad, que trajo un resultado tan
deplorable que si fuera conocido por todo el país despejaría automáticamente
las ilusiones privatizadoras: suba de tarifas, reducción de tiempo
de servicio, desmejora de la calidad del agua, ninguna inversión,
venta de activos, etc. El
derecho, el negocio Alguien
afirmó alguna vez que gobernar era extender la red de agua potable
para la gente. Es una manera de decirlo. Una nación que recibe el
agua que necesita y que la tiene asegurada en el largo plazo, es
seguro que se encuentra alimentada, instruida y protegida en su
salud. Porque hay una íntima convicción entre la gente del Perú,
y cualquier otro pueblo que tenga sentido de sus derechos[1], de que
el tema del agua es un asunto de vida o de muerte. Nadie se queda
tranquilo cuando le contaminan los ríos, le niegan el servicio que
ya tenía o le demoran más de lo razonable la instalación. Con el
agua no se juega. Y este ha sido siempre un tema entre el Estado y
los ciudadanos. La
privatización distorsiona todo el problema, al colocar a
responsables privados en la posición de vendedores de un producto
llamado agua, que ofrecen a aquellos que lo puedan pagar, en las
condiciones que los primeros quieran ofertar. El derecho ciudadano
se transforma, a lo sumo, en derecho de consumidor, que son
conceptos profundamente diferentes. El primero entraña el poder
contar con el producto (obligación estatal de proveerlo, aún a los
que no lo tienen), la obligación de protegerlo (no agotar las
fuentes, renovarlas y acrecentarlas) y la capacidad de la sociedad
para demandar en torno a este servicio público; mientras que el
segundo se remite a cumplir el contrato de otorgar un servicio ya
pactado y hasta los límites en que la empresa no ingrese en
insolvencia o incapacidad operativa. El privado puede ser sancionado
por no cumplir con una entrega ya comprometida y con la calidad del
mismo. El Estado puede ser demandado por no hacer algo para que el
servicio extienda su cobertura o para que toda la integralidad del
proceso del agua, desde los manantes sea conservada. La
transición del derecho al negocio tiene extraordinarias
consecuencias que no siempre se perciben a la primera vista. Por
ejemplo, hace algunas semanas los privatistas promovieron,
escondiendo la mano, una marcha de sectores sin acceso a agua en el
cono sur de la capital para que reclamaran a Sedapal como
responsable de sus carencias, exigiendo la privatización. Tal vez
les hayan dicho que hay una conversación con alguna empresa que
vendría a Lima, que no se olvidaría de esta población perdida en
el desierto. Bien, supongamos que se hace la concesión y la empresa
de marras descubre que es muy costoso, que no es prioritario para
ella o que no ve mercado para vender conexiones, y posterga el
proyecto. ¿Qué marcha podrá hacerse en esas circunstancias si la
razón de la empresa es el negocio y no el derecho insatisfecho? La
idea siempre discutible que el mercado establece sus equilibrios y
ordena la relación entre ofertantes y consumidores, es probadamente
falsa cuando se trata de monopolios naturales de servicios públicos,
cuyo caso prototipo es el del agua. Aquí no hay como equilibrar. El
monopolio es una posición de dominio que en este caso no se puede
evitar. Si la conducción es estatal, el control y la democratización
pueden proyectarse al plano político, como control y democratización
del poder. Pero si es privada allí no hay cómo, lo que se ve con
la Telefónica y las Empresas Eléctricas. Frente a esta realidad,
no sólo queda aplastado el ciudadano común y corriente sino que se
aplana la voluntad estatal. Chomsky
dice que la privatización es una operación contra la democracia. Y
esto es tanto más cierto cuando se trata de los servicios de agua
potable o la administración del agua de río para el riego. Quién
controle estos recursos tiene demasiado poder. Y si el poder del
Estado es siempre peligroso, y por eso le ponemos límites y tiempo
de duración, qué se podrá decir del poder privado que se funda en
el dinero que los demás no tenemos. Las
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) En
el orden global contemporáneo rige una mesa de tres patas: los
Estados poderosos, cuya expresión más acabada es el G-7 (grupo de
los siete grandes); las empresas transnacionales identificadas con
la sigla ET; y las Instituciones Financieras Internacionales, entre
ellas el Banco Mundial, el BID, el FMI y otras, que para abreviar
algunos resumen en la sigla IFI. Este trípode es el nudo más sólido
que el sistema ha podido constituir para regular sus contradicciones
y evitar que los conduzcan a un enfrentamiento serio, y para manejar
el mundo de acuerdo a tres criterios básicos: (1)
repartir y volver a repartir los mercados, a través de distinto
tipo de acuerdos de comercio; (2)
presionar a las economías endeudadas para obligarlas a entrar en el
sistema de ajuste concordado por la tríada del poder global; (3)
generar oportunidades de negocio de alta rentabilidad, bajo riesgo y
mucha movilidad, en espacios que no conduzcan a conflictos entre países
principales y las grandes corporaciones transnacionales. Las
Instituciones Financieras, son el nexo crítico entre la mesa del
poder y la periferia. Es a ellas a las que se les encargó asegurar
la conformación de mecanismos de reconstitución del flujo de pagos
después de la crisis de la deuda de inicios de los 80. Y a ellas se
debe el haber convertido las políticas neoliberales y las
?reformas? del tipo de la privatización, en mecanismos de aval ante
los acreedores, bajo el supuesto de que estas medidas iban a crear
los superávits fiscales, comerciales y de pago, para cumplir con la
deuda. En los hechos estas intervenciones devinieron en un mecanismo
de direccionamiento de las economías endeudadas, forzándolas a
seguir caminos paralelos y a competir entre ellas por los
inversionistas globales. En
el caso del agua, las IFI han sido inflexibles en su receta básica:
transferir los servicios a gestores privados, aproximar las tarifas
a niveles internacionales, impulsar el mercado mundial de este
producto. Pocos han estado al tanto que mientras se hace esta
promoción desenfadada en todos los países, el porcentaje actual de
aguas privatizadas en el mundo llega a no más del 5%, las empresas
compradoras de magnitud no alcanzan la decena (las más conocidas
son la Suez, Vivendi, Bechtel, RWE-Thames, Nestlé, Biwater) y el número
de experiencias directamente fracasadas es mucho más alto que el
que se registra en otros sectores de servicios en proceso de
privatización. Aunque
no se diga, el caso del agua potable constituye propiamente un
experimento cuyas pautas aún no están definitivamente
establecidas. De ahí tanta insistencia de estudios sobre estudios,
que obligan a un fuerte endeudamiento de nuestros países.
Ciertamente estos estudios financiados con créditos IFI, son también
una manera corrupta de sobornar a autoridades, funcionarios y técnicos
del Estado y de enrolarlos en la privatización. Presionar
a todos los países a privatizar o conceder, a sabiendas que la
oferta inversora es reducida, es impulsar una sobredemanda de
inversiones y malbaratear nuestros servicios. Las IFI nos impulsan a
experimentar con un recurso crítico y a aparecer como necesitados
de una inversión que en realidad se pagará con lo que se le cobre
a los usuarios. Todo esto representa un círculo tramposo que nos va
ajustando a los intereses del capitalismo mundial y a sus propios
ritmos de construcción de mecanismos de dominación general. La
lista de los fracasos de la privatización del agua es larga, y el
Banco Mundial, el BID, el FMI, la conocen mejor que nadie:
Cochabamba, Tucumán, Atlanta, Manila, Buenos Aires y otras. La
famosa Corporación Suez, fue expulsada de su concesión en Grenoble
Francia, cuando su filial Lyonnaise Eaux fue descubierta en turbios
manejos, corrompiendo las autoridades municipales responsables de la
concesión y pagando campañas de los candidatos, así como
incurriendo en incumplimiento de sus compromisos. Las IFI sabe de
estos desempeños, pero siguen avalando a los tramposos. Razones
para no privatizar De
la experiencia se extraen algunas lecciones que no deberíamos
perder de vista: -
Todos los procesos de privatización de servicios básicos, en
particular los del agua, significan pasar de un sistema tarifario público
que se organiza en el margen entre costo de producción y costo político[2],
a uno que buscará responder al costo comparado de rentabilidad con
otros operadores internacionales, e incluirá además los costos de
privatización, las previsiones de inversión comprometida y las
expectativas de utilidades de los nuevos administradores. Todo esto
significa necesariamente una brusca alteración en los montos de
facturación que producen un alto impacto entre los usuarios. -
La capacidad de ejercer control sobre la calidad del agua se reduce
significativamente, porque el proceso de seguimiento del producto en
todas sus fases se fragmenta, creando zonas grises donde se discutirá
si es el Estado o el operador el responsable de la degradación del
producto. -
El monopolio privado del agua sería especialmente poderoso en su
capacidad de influir en el gobierno de las ciudades y en el caso de
la empresa más grande, la de la capital, en su incidencia sobre el
gobierno nacional, lo que deteriora la democracia. -
Cualquier proyecto de abrir la gestión del agua a la participación
de la sociedad civil y a diversas modalidades de asociación con
productores locales, entidades técnicas, trabajadores, quedaría
frustrado al conformarse una administración privada que, por
definición, es mucho más compacta e impenetrable que la Estatal. -
La privatización representa reducciones sucesivas en el número de
personal, aún por debajo de los índices técnicos razonables,
obligando a reemplazar con personal no estable y contratos con
terceros (services), afectando los ingresos de muchas familias. - La lógica de desarrollo de las empresas privatizadas no es la de apuntar a cubrir los déficit de servicios existentes, como pretende la propaganda, sino a maximizar la explotación de los usuarios ya conectados. Esto ha ocurrido en todas las privatizaciones de servicios y corresponde directamente a la naturaleza del capital que no invierte por objetivos sociales sino económicos. -
Privatizar el agua ?especialmente en las concesiones de mayor
magnitud-, puede encerrar fácilmente arreglos corruptos que no son
fáciles de descubrir. La explicación de esta proclividad se
encuentra en el hecho de que los postores importantes son pocos y
por lo mismo fácilmente conversables, el negocio es muy grande y
los potenciales ganadores pueden estar dispuestos a pagar ?lo que
sea? y a ?quien sea?, para alcanzar sus objetivos. -
El sistema de privatizaciones está asegurándose a través de
instituciones, normas y tratados, dentro de los cuales se encuentran
los TLC, que se plantean reforzar el modelo neoliberal en nuestros
países y garantizar las inversiones transnacionales. En los casos
de fracasos de las privatizaciones y reversión al Estado o los
municipios, las empresas fracasadas han levantado demandas de
resarcimiento por grandes cantidades de dinero, elevándolas a
tribunales supranacionales de comercio que tienden a castigar
cualquier daño que se haga no sólo sobre la propiedad y las
utilidades de las grandes empresas, sino también sobre sus
expectativas de rentabilidad (el plan que se hizo para ganar). -
Privatizando un recurso en disputa global como el agua potable, nos
enganchamos en la ruta que se encamina hacia el mercado mundial del
producto, las tarifas globales y la exportación con destino a
quienes puedan pagar su precio. Es la manera de desarmarse frente a
la futura escasez del recurso. En vez de asegurar nuestras reservas
y controlar todas nuestras fuentes, estaríamos introduciendo un
agente externo en las decisiones, con clara merma de soberanía. Una
de las mayores falacias de la privatización es la de la
convergencia de intereses norte-sur; instituciones financieras y
responsabilidades del Estado; transnacionales y usuarios de los
servicios. No señor. La causa más profunda de nuestros problemas
es precisamente esta confusión. Buscar una salida a los dilemas del
desarrollo pasa por abrir una ruta propia. Ser país y gobernar para
el bienestar de nuestro pueblo. [1]
En Uruguay la última elección presidencial incluía paralelamente
un referéndum sobre el destino del servicio de Agua Potable. El
pueblo oriental haciendo honor a su tradición de culto y
progresista, votó masivamente contra la privatización. [2] El abuso del costo político ?abaratar las tarifas para no pelearse con la gente-, es una causa frecuente de distorsión empresarial.
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