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PROPUESTA DE APSE
Pretende cerrar
portillos para evitar privilegios
La
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) propone una
modificación al proyecto de reforma del artículo 2 de la Ley de
pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional, N° 7531, del 13 de
julio de 1995, que se encuentra en estudio en comisión legislativa. “La forma de
cerrar los portillos a pensiones de privilegio es que se especifique
que de las casi 8.000 personas que se pueden acoger a las leyes 2248
(la mayoría) y 7268 solo puedan pensionarse con el monto de salarios
que hayan devengado en el Magisterio”, dijo la presidenta Gilda González. Explicó
que “tratamos de evitar que personas pensionadas con salarios de
educador decidan ocupar un puesto diplomático o político con sueldos
muy elevados y luego piden una revisión con base en ese nuevo cargo
para obtener un monto muy elevado. “Las
pensiones de los profesores no son de privilegio; ninguna alcanza los
¢500.000; sin embargo, nuestro régimen ha sido atacado por culpa de
gente que se ha aprovechado de la legislación”. La
dirigente Gilda González señaló que precisamente en la Ley N°
7278, artículo 8, inciso a), se establece que solo se pueden
pensionar con los salarios devengados en el Magisterio en los últimos
dos años. En
el proyecto de reforma hay que incluir que se tomarán en cuenta los
salarios de los cinco años anteriores a la presentación o aprobación
de su pensión, pero tomados de la planilla del Magisterio y no de
otro puesto. “Ningún
educador de este país se va a oponer a esta modificación, porque si
lo hace estaría apoyando las pensiones de privilegio”, dijo González
Picado. Por su parte, la diputada del Partido Acción Ciudadana
(PAC), Marta Zamora, avaló plenamente la propuesta de la APSE y
manifestó satisfacción porque esta asociación aboga por la
transparencia.
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Proyecto de
“municipalización”
La
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) será recibida
en audiencia en la Comisión de Gobierno y Administración para que se
refiera al proyecto de Ley
de transferencia de competencias y fortalecimiento de los gobiernos
locales (expediente
14.310). La
diputada liberacionista Nury Garita presentó la moción ante la
Comisión de Gobierno y Administración, argumentando que hay que
“involucrar a toda la sociedad, no solamente al Gobierno y a la
municipalidad”. La
iniciativa fue planteada por segunda vez este martes 29 de julio; ya
que la semana pasada los miembros de la comisión decidieron esperar
que el proyecto fuera analizado en una subcomisión, donde ya se
encuentra. La
APSE está vigilante de que se cumpla con uno de los acuerdos que
permitieron el levantamiento de la huelga el 27 de junio, y por lo
tanto debe excluirse la materia de educación del control municipal
para evitar el deterioro y la privatización de este servicio. La
legislativa Garita Sánchez manifestó que “solamente Gilda González,
presidenta de la APSE, ha manifestado el interés de venir a conversar
con los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración”. Agregó
que para las transferencias de competencias previstas en la presente
ley, debe existir un acuerdo o concierto de voluntades expreso,
manifiesto y formal entre la Administración central o descentralizada
institucional y la respectiva municipalidad, con plena participación
de los sectores interesados de la sociedad”. La dirigente
González Picado envió, también, una misiva al presidente de la
comisión, Julián Watson, solicitando
la audiencia, y se espera
que sea fijada la fecha. ñ
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CIRCULAR (Solidariad con campesinos de Bambuzal)Fecha: 23 de julio. De: Prof. Hubert Cedeño F., Secretario de Profesionales, Culturales y Deportivos. Para: Directivas de Base. Asunto: Colaboración de víveres para desalojados de Bambuzal. Compañeras y Compañeros es importante que conozcan la situación apremiante que están viviendo varias familias en Bambuzal (región cercana a Sarapiquí), las cuales fueron echadas a la calle, dejando en la intemperie a hombres, mujeres, niños y ancianos, quienes luchan por guarecerse y buscar cómo alimentarse. Les instamos a unírsenos en una pequeña cruzada para recoger algunos víveres, a la mayor brevedad, en sus colegios, comunidades, en el comercio y otros, y hacérnoslos llegar a la Recepción de la APSE, para llevárselos a esas personas en desgracia. Les damos las más expresivas gracias en nombre de los
beneficiarios y esperamos contar con su colaboración. ñ
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Listo permiso para Congreso
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JUPEMA compareció en Comisión de PensionesLos representantes de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional solicitaron la aplicación del Convenio 102 de la OIT, durante la audiencia del miércoles 23 de julio en la Comisión Especial que analiza las pensiones del magisterio, expediente 15295. El
Director Administrativo de JUPEMA, Alfredo Hasbum, aseguró que
"a la Ley Nº 2248 están amparados 6286 docentes y a la Nº 7268
unos 1376 y que con esa aplicación se beneficiarían los 7662, con un
costo de 5 mil millones. Dijo que el punto de vista de la discordia presentado en días pasados entre el Magisterio Nacional y el Gobierno se originó en la interpretación que hizo la Procuraduría General de la República a el dictamen C-114-2003. En relación con el Proyecto de Ley que analiza la Comisión Legislativa dijo que este proyecto pretende restituir su derecho a los docentes que cotizaron con los regímenes de las leyes 2248 y 7268 y una seguridad o transitoriedad para los trabajadores activos que han venido cotizando a un determinado régimen y, que como consecuencia de las realidades socioeconómicas puedan verse afectados por las reformas o derogatorias de leyes. Se espera que en la próxima reunión de la Comisión el miércoles 30 de julio comparezcan los Ministros de Trabajo y de Hacienda. Información gentilmente cedida por el SEC
(www.seccr.or).
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Por ridículo
aumento salarial
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Ministro comete grave error “La forma de pagar el salario por ampliación del curso lectivo es una de las peores decisiones del Ministro de Educación, Manuel Antonio Bolaños, quien afirma que los educadores que no estuvieron en huelga recibirán el 168% del mal llamado “incentivo”, pero no es capaz de definir qué mecanismo va a utilizar y cómo demostrará quién no laboró los 26 días o menos”, indicó la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, Gilda González. “No avalamos políticas erradas como ésta; tomadas con más mentalidad de ministro que de educador; por eso, nuestra posición es y será siempre a favor del docente de este país y, al igual que en el pasado, no podemos convertirnos en defensores de quienes nos hacen daño”, agregó. La APSE objeta el pago de un 71%, ya que de acuerdo con el Laudo Arbitral, el MEP debe pagar por ampliación del curso lectivo un 75,84%, correspondiente a 11 días. “El gobierno utilizó como pretexto, para no reponer los días de huelga, el criterio de una supuesta “asociación” no inscrita e integrada por empleados de la Asamblea legislativa y que nunca acogió el sentir de todos los padres de familia. “Los apsinos (as) estamos sumamente orgullosos de no recibir completo el salario adicional de setiembre porque dimos más en dignidad y en trabajo durante la huelga, lo que permitió consolidar el derecho a una pensión justa, contribuir a lograr una verdadera calidad de la educación pública y a reivindicar el espíritu de lucha del educador costarricense “El Gobierno de la República, a través del Ministerio
de Educación, encontró la fórmula para ahorrarse parte de este
salario, y, esta vez, tomando como pretexto la recién pasada huelga
del Magisterio Nacional”, concluyó la dirigente González Picado.
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No hubo variación sobre los días feriados El ministro de Educación, Manuel Antonio Bolaños, no aceptó la propuesta del Magisterio Nacional de laborar tres feriados para reponer los días de huelga. Por
lo tanto, el 25 de julio (179 Aniversario de la Anexión del Partido
de Nicoya) los estudiantes y profesores participarán únicamente en
el acto cívico. El Día de las Culturas se celebrará este año
el lunes 13 de octubre, mientras que el Día de la Confraternidad del
Educador Costarricense también es feriado.
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Miente descaradamente el Ministro de Hacienda Solo se requieren ¢5.700
para pensiones amparadas al Convenio 102
La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)
denuncia la “patraña” del ministro de Hacienda, Alberto Dent, al
decir que se requieren ¢30.000 millones para cancelar las pensiones a
8.000 educadores amparados al Convenio 102 de la Organización
Internacional del Trabajo. Una y otra vez la Asociación ha demostrado que la
jubilación de esos compañeros no significará un impacto económico
en el Presupuesto Nacional. La APSE respalda el informe de expertos de la Universidad
Nacional, que señala que del 2003 al 2010, el Estado tendría que
pagar ¢5.700 millones a los educadores que los cubra ese derecho. Es decir, en los próximos dos años invertiría ¢3.800
millones y el monto iría disminuyendo, mientras que en lo que resta
del 2003 el pago sería de ¢500 millones. Las declaraciones de Dent demuestran la campaña sucia
para que no se apruebe en la Asamblea Legislativa el proyecto de
reforma del artículo 2 de la Ley N° 7531 del 13 de julio de 1995. Los apsinos (as) estamos atentos a la tramitación de
este proyecto que fue una de las condiciones para levantar la huelga
el 26 de junio. APSE
continúa vigilante del respeto a las pensiones del Magisterio
Nacional.
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APSE demanda reinversión de sobrante del incentivo Urge más recursos para una educación pública desmantelada“Es
inaudito que mientras el sistema educativo tiene una serie de
carencias que van en detrimento de su calidad, el ministro de
Hacienda, Alberto Dent, pretenda “guardar” el dinero del incentivo
que no se le pagará a los docentes que estuvieron en huelga”, dijo
la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza
(APSE), Gilda González. La
APSE exige que esos recursos sean destinados al fortalecimiento de la
educación pública que ha sido desmantelada, ya que no se están
cubriendo las necesidades en becas, pupitres, aulas, comedores
escolares, bibliotecas, infraestructura y material didáctico. Desde
1950 y hasta finales de los años setenta, los gobiernos dedicaron
gran parte de los recursos del Estado a la educación; sin embargo,
las administraciones neoliberales pretenden desmantelarla, y ni
siquiera están destinando el 6% del PIB que por ley le corresponde,
ya que erróneamente no la consideran una inversión. La
dirigente advirtió que como parte de la lucha constante de la APSE,
se hará todo lo necesario para lograr que el dinero por ampliación
del curso lectivo, que se dejará de pagar los educadores, no vaya a
parar a otras arcas, como pretende Dent, y más bien los niños y jóvenes
tengan una mejor formación. “No
es posible que este gobierno permita que se tenga solo tiza y pizarra
para enseñar al alumnado o que los comedores escolares no cuenten con
el financiamiento adecuado”, señaló González Picado. A pesar de que hay más de 30 colegios, que por tener una
población de escasos recursos económicos requieren del servicio de
alimentación, el Ministerio de Educación dice que solo tiene
previsto incluir en el programa a cuatro más en el 2004.
Además, aún no se aprueba en la Asamblea Legislativa un
presupuesto extraordinario de ¢1.300 millones para este programa.
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En comedores escolares APSE demanda un presupuesto adecuado Ante el anuncio del Ministro de Hacienda, Alberto Dent,
de que habrá una reducción de ¢30.000 millones de colones para
reducir el déficit, y que estos recursos se tomarían de
transferencias a programas
sociales, la División Alimentaria de la Nutrición del Estudiante y
Adolescente (DANEA) aseguró que no afectará el programa de comedores
escolares. El director Edgar Carpio afirmó a la APSE que no
ha recibido ninguna directriz
de los Ministros de Hacienda y Educación para recortar el
presupuesto en este rubro. Dent
se ha mostrado hermético en divulgar a la opinión pública cuáles
programas se
verán afectados para no crear reacciones negativas. Desde principios del curso lectivo la Asociación de
Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) denunció los problemas con el
financiamiento de los comedores escolares que obligó al cierre de
muchos de ellos. La Asociación dio una fuerte lucha para mantener este
servicio a los
estudiantes, y logró que se incluyera dentro de
los puntos del acuerdo que el Gobierno firmó para el
levantamiento de la huelga. Leve aumento El director de DANEA, Edgar Carpio, aseguró que el
presupuesto para el 2004 tendrá un incremento de 1.5 por ciento para
alimentación y pago de cocineras en escuelas y colegios. De ¢7.000 millones en el 2003 pasará a ¢9.000 millones
el próximo año, y se le sumarían ¢475 millones para equipos y
mantenimiento de comedores. Para reforzar el programa este año está pendiente de
aprobación un presupuesto extraordinario de ¢1.300 millones, en la
Asamblea Legislativa. Actualmente el número
de beneficiarios es de 469.108; sin embargo, para cada colegial se
destinan únicamente ¢45 por día. Para el próximo curso lectivo
aumentaría a 562.928 los estudiantes que recibirán ayuda
alimentaria. A pesar de que hay más de 30 colegios, que por tener una
población de escasos recursos económicos requieren del servicio de
comedor, el MEP tiene previsto solo incluir a cuatro más en el 2004:
el Liceo Rincón Grande de Pavas, dos colegios de Guápiles y el Liceo
de Sixaola. La APSE está vigilante de que este servicio no sufra
recortes presupuestos y que los recursos sean depositados correcta y
oportunamente.
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COMISIÓN DE PENSIONES INICIÓ TRABAJO La Comisión Especial de Pensiones del Magisterio inició el miércoles
9 de julio sus sesiones con la presencia de la comisión técnica de
apoyo, integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de los
educadores. Mientras tanto, en la barra del público se encontraba
vigilante un grupo de dirigentes apsinos (as). En un plazo de 30 días (4 sesiones) los legisladores tendrán
que dictaminar el proyecto de reforma al artículo 2 de la Ley 7531. El hecho que levantó más polémica fue la moción aprobada del
diputado libertario Federico Malavassi, la cual pretende pedir datos
precisos al Magisterio Nacional sobre el listado completo de
beneficiarios, tipo de nombramientos, regímenes a que están
amparados, fecha de ingreso a los mismos, zona geográfica a que
pertenecen, entidad para la que han laborado y años de servicio,
entre otros. A la comisión comparecerá el ministro de Hacienda, Alberto
Dent, y se harán consultas a la Superintendencia de Pensiones, a la
Caja Costarricense del Seguro Social y a la Dirección Nacional de
Pensiones del Ministerio de Trabajo. También fue aprobada una moción del diputado liberacionista
Luis Paulino Rodríguez para que la información requerida a distintas
entidades sea presentada en 15 días naturales y así no atrasarse en
el trabajo. La comisión sesionará los miércoles a las 7 p.m., y
para la próxima semana se citará a representantes del Magisterio
Nacional para que den su punto de vista acerca del proyecto de ley. |
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Un
relato simple Escríbanos un pequeño relato de sus vivencias en la pasada huelga; no tiene que ser una cosa extensa, ni tiene que abarcar todo el gran periodo de la huelga. Queremos que otros compañeros y compañeras compartan lo que usted vivió. Con un mínimo de cuartilla y media y, un máximo que usted elige, todos los relatos serán publicado en este sitio; además entre todos los que nos envíen sus historias se rifará un fin de semana en Playa Tamarindo (en las cabinas de la APSE). Anímese,
pueden participar amigos y amigas de todas las
organizaciones magisteriales, no solo asociados y asociadas
de la APSE.
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En
comisión técnica Más
de 12 organizaciones magisteriales han propuesto a la
presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza,
Gilda González, para que integre la comisión técnica de
apoyo a la comisión especial de la Asamblea Legislativa que
dictaminará en un plazo de 30 días el proyecto de reforma
a la ley de pensiones de los educadores. Organizaciones
como el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el
Sindicato Patriótico de la Educación, el Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Nacional y la Asociación de
Profesionales de la Universidad Estatal a Distancia, entre
otras, considera que la persona más capacitada para
defender los derechos de este sector es la dirigente González
Picado. La
presidenta de la APSE tuvo un papel protagónico en el
movimiento de huelga que duró 5 semanas en secundaria. En
una carta fechada 3 de julio, los gremios de trabajadores de
la educación manifestaron al presidente de la Asamblea
Legislativa; Mario Redondo, y a la fracción socialcristiana
que “conscientes de la importancia del trabajo que debe
realizar la comisión técnica que asistirá a los diputados
que analizarán el proyecto de ley 15-295 de reforma al artículo
2 de la Ley 7531 del 13 de julio de 1995, proponemos como
representante del Magisterio Nacional a la profesora Gilda
González. “No
omitimos manifestarles nuestro interés en el trabajo de
esta comisión, y por lo tanto reiterar nuestra confianza en
la compañera González”. La
comisión especial, presidida por el subjefe de la fracción
de Gobierno, Federico Vargas, sesionará desde el miércoles
9 de julio, a partir de las 7:05 p.m., y dispone hasta
principios de agosto para dictaminar una propuesta.
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INTEGRADA COMISIÓN DICTAMINADORA DE
PROYECTO DE PENSIONES Este martes quedó integrada la
Comisión Especial que conocerá y dictaminará la “Ley de
Reforma al artículo 2 de la Ley 75-31 del 13 de julio de
1995” (Ley de Pensiones del Magisterio Nacional) Se trata de los oficialistas Ligia
Zúñiga y Federico Vargas; los liberacionistas Paulino Rodríguez
y María Elena Núñez; Marta Zamora, del PAC; Elvia
Navarro, del Bloque Patriótico; el libertario Federico
Malavassi, Carlos Avendaño, de Renovación Costarricense, y
el independiente José Francisco Salas. La comisión se instalará este jueves 3 de julio y tendrá 30 días naturales para emitir un criterio, y luego pasará al primer lugar de la agenda legislativa para su aprobación. Mientras tanto, aún el Magisterio
Nacional no ha nombrado a su representante ante la comisión
técnica que servirá de apoyo a los legisladores, pero se
considera que la persona indicada es Gilda González,
presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza,
por su gran dominio del tema, su profunda identificación
con la causa, por su liderazgo en esta lucha, por la
confianza que le tienen las bases del magisterio y su poder
de negociación. Varias organizaciones
magisteriales, incluidas las de las universidades estatales,
elaboraron este miércoles 2 de julio una carta de apoyo que
será enviada a los diputados de la comisión.
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