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Mayo
28, 2004
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No
avala acuerdo con el MEP
APSE
mantiene paro en Turrialba
La
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)
desmintió que el paro de educadores de Turrialba se haya
suspendido tras un acuerdo con el Ministerio de Educación Pública
(MEP).
Así
lo confirmó el fiscal general de la Asociación, Alenxander
Bustamante, quien reafirmó que el próximo lunes de 10 a.m.
a 12 medio día los docentes de los colegios paralizarán
labores en demanda de la inmediata solución de los graves
problemas educativos del cantón y en contra el Tratado de
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC).
“No
avalamos el acuerdo de otras organizaciones magisteriales de
crear una comisión simplemente para resolver la crisis
educativa, porque no se trata solo de carencia de
infraestructura, sino que denunciamos nombramientos políticos
y el no pago de salarios, entre otros asuntos”, indicó.
La
APSE mantiene el paro en Turrialba y exige al ministro de
Educación, Manuel Antonio Bolaños, solucionar de forma
inmediata los problemas: albergar a la Dirección Regional
en un edificio que reúna las condiciones adecuadas y
eliminar las trabas administrativas que impiden el pago
salarial a los educadores.
“Bolaños
debe cumplir con lo pactado en la huelga del año pasado,
como es la entrega a tiempo de las acciones de personal, las
órdenes patronales y los desgloses salariales.
“Si
el próximo lunes no van a entregar esos documentos, no
tiene sentido suspender el paro”, concluyó el dirigente.
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Mayo
27, 2004
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Educadores
de Turrialba realizarán paro
Once
mil educadores de Turrialba realizarán un paro de labores
el próximo lunes 31 de mayo, de 12 a.m. a medio día, en
protesta por la crisis educativa que atraviesa el cantón.
La
falta de un edificio que albergue la Dirección Regional,
los nombramientos políticos y problemas de pago, son parte
de las denuncias hechas por los dirigentes de las
organizaciones magisteriales.
Elba
Bastos, coordinadora regional de la APSE, dijo que no ha
habido respuesta del Ministro de Educación Pública, Manuel
Antonio Bolaños, a quien le exigen buscar una solución
inmediata porque de lo contrario los paros serán
progresivos.
“En
medio de esta crisis, el ministro de Trabajo, Ovidio
Pacheco, brilla por su ausencia, a pesar de que la comunidad
turrialbeña le dio la prestancia política que parece
ostentar”, dijo la secretaria general, Beatriz Ferreto.
Ante
la amenaza de Bolaños de rebajarle el salario a los
profesores que se sumen al paro, Bastos manifestó que
“por ese dinero que nos quitarían no vamos a comprometer
el futuro del cantón y menos del país”.
Las
dirigentes apsinas acusaron al Ministro de darle más
importancia a las charlas del COMEX en los centros
educativos que a la situación tan delicada por la que
atraviesa Turrialba.
ñ
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Mayo
26, 2004
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DECLARAN
LEGAL HUELGA DE EDUCADORES
Un
año después y... ¡seguimos ganando!
El
Tribunal de Juicio de Liberia, Guanacaste, declaró legal la
huelga de educadores en los centros educativos de Cañas,
Tilarán y Las Juntas de Abangares, según notificación
recibida hoy miércoles 26 de mayo.
La
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza apeló la
declaratoria de ilegalidad del Juzgado de Trabajo de Cañas,
debido a que la participación en el movimiento
realizado hace un año fue de casi 100 por ciento de los
educadores en defensa de su derecho al pago salarial.
El
Tribunal reconoció que las inspecciones que se realizaron
para constatar la cantidad de empleados en huelga fueron
imprecisas.
También
se tomó en cuenta que la educación no es un servicio público,
por lo tanto se permite la huelga.
“Con
esta revocatoria de la resolución del juzgado se hace
justicia a los compañeros (as) que, pese a estar en una
zona rural tan alejada de San José, apoyaron con valentía
hasta el final la medida de presión”, destacó la
secretaria general, Beatriz Ferreto.
ñ
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Mayo
26, 2004
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Siquirres
se opone al TLC
Siquirres, 14 mayo 2004.
Señoras
Diputadas
Señores Diputados
Asamblea Legislativa
República de Costa Rica
Nosotros vecinos y vecinas del
Cantón de Siquirres, reunidos hoy en CABILDO POPULAR, para
analizar y discutir el TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE COSTA
RICA Y ESTADOS UNIDOS, hacemos de su conocimiento que:
Considerando:
1.
que en el proceso de negociación de este tratado, el
Gobierno de la República no estimuló la participación
activa de organizaciones sociales y publicitó el carácter
“secreto” de la información negociada. En el marco de
estas negociaciones, las Cámaras de Grandes productores y
Comercializadores de mercancías agropecuarias ejercieron
presión sobre los posibles resultados de las negociaciones;
2.
que el TLC es una iniciativa “comercial” de Estados
Unidos y no de Centroamérica y Costa Rica;
3.
que al inicio de las rondas de “negociación”, el
Presidente de la República comprometió su palabra
asegurando que en el marco de un TLC NO SERIAN tocados
servicios estratégicos explotados por empresas estatales en
las áreas de Seguros, Telecomunicaciones y Salud;
4.
que no es posible aceptar el cambio de posición del Señor
Presidente de la República, luego de la visita del
Secretario de Comercio de Estados Unidos, Señor Robert
Zoellik;
5.
que el TLC se publicita como la única oportunidad que
existe para que Costa Rica pueda desarrollarse;
6.
que la visión de “desarrollo” que se anuncia con el
TLC se agota en un crecimiento de corto plazo vía
incremento de exportaciones agropecuarias y “apertura o
competencia” al capital privado interno y externo de
aquellas actividades productivas rentables en materia de los
servicios estratégicos aludidos en el considerando número
3;
7.
que en el marco del TLC, el país se compromete a reformar
el marco institucional del modelo actual de intervención
del Estado en la economía; esto es, el marco jurídico que
le otorga al Estado, la responsabilidad de explotar mediante
empresas públicas, sectores estratégicos rentables como
Telecomunicaciones, Seguros y Salud;
8.
que la visión que agota “desarrollo” en “crecimiento
económico” es refutada permanentemente en la realidad;
9.
que en el sector agropecuario, el TLC ofrece beneficios
solo a un pequeño sector privilegiado de la población
nacional: los exportadores, y los grandes comercializadores
o intermediarios de estas mercancías para el mercado
interno;
10.
que para pequeños y medianos productores y productoras
agropecuarias, así como para trabajadores y trabajadoras
vinculados (as) a los monocultivos en el país; y para
consumidores y consumidoras, este TLC constituye una
propuesta que ofrece solo “más de lo mismo” y nada de
mejoras en la distribución de la riqueza y de acceso al
bienestar.
11.
El TLC ofrece empleos inestables. Ofrece salarios
insuficientes para acceder permanentemente a bienestar.
Ofrece violación de derechos laborales protegidos en la
legislación laboral nacional; entre éstos, el derecho a la
organización sindical y la negociación colectiva.
12.
que el modelo de inversiones y de desarrollo impulsado por
este TLC consolida la situación de “no soberanía
laboral”, entendida como la incapacidad de nuestros países
de garantizar los empleos productivos necesarios para
nuestro desarrollo, lo cual implica ser cada vez mas
dependientes de los deplorables empleos “ofrecidos” por
las transnacionales;
13.
que la participación estatal en actividades vinculadas a
servicios como Seguros, Salud, Telecomunicaciones, Agua,
Electricidad, Banca y Educación hizo posible que la
sociedad costarricense pueda tener acceso a servicios públicos
de buena calidad. Ello se refleja en los indicadores de
desarrollo humano que el Gobierno de la República con tanto
orgullo exhibe en el mundo;
14.
que si bien, algunos de los servicios aludidos generan
costos importantes para el Estado; en especial la Educación
y la Salud, otras actividades sumamente rentables como los
Seguros y las Telecomunicaciones, permiten financiar en
Costa Rica un modelo de país solidario y de Estado
Subsidiario, en el que los consumidores y consumidoras
aportamos el financiamiento necesario para lograr por una
parte, que instituciones estatales sean económicamente
eficientes; y por otra, que el país como un todo, mejore
sus posibilidades de desarrollo;
15.
que decisiones sobre reformas institucionales en el sector público
no pueden ser tomadas en el seno de pequeños grupos, llámense
éstos “comisiones” o “equipo negociadores” que
negocian acuerdos de Libre Comercio. Decisiones de esta
naturaleza deben ser consensuadas en el marco de
amplios procesos políticos participativos a nivel nacional.
Y a éstos, debe facilitarse el acceso a representantes de
todos los sectores sociales en el país.
16.
que en marco del TLC ganan en resumen solo los exportadores
y comercializadores e intermediarios de mercancías
agropecuarias, así como potencialmente, grupos de políticos
empresarios y de inversionistas externos interesados en el
negocio rentable de los servicios.
Acordamos:
1.
Declararnos en contra de que en la Asamblea Legislativa sea
aprobado el Convenio de Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos, así como Proyectos de Ley vinculados con
ese acuerdo.
2.
Llamar a la ciudadanía a conocer y discutir sobre los
alcances de este Tratado para los diferentes sectores de
población afectados por el mismo.
3.
Pedir a los señores diputados y a las señoras diputadas
votar negativamente Leyes que impulsen el modelo de
desarrollo basados únicamente en el libre comercio. Es más
importante pensar en los beneficios que al actual modelo de
intervención del Estado en la economía provee a las
futuras generaciones de la sociedad costarricense que a
legislar solo en beneficio de un pequeño grupo de
costarricenses que saldría ganando con este Tratado.
4.
Invitar a organizaciones sociales y a los ciudadanos y
ciudadanas en general a manifestarse públicamente sobre el
TLC y a participar en las discusiones y procesos de toma de
decisión convocados para actuar coordinadamente en el marco
de un frente social posicionado contra la aprobación en la
Asamblea Legislativa del acuerdo negociado.
5.
Hacer de conocimiento público nuestra posición con
respecto al Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos.
Firmamos
en la ciudad de Siquirres, el día viernes 14 mayo 2004.
Cientos
de firmas...
cc.
Medios de Comunicación Social
Presidente de la República
Municipalidad de Siquírres
Centros educativos
Población
en general
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Mayo
19, 2004
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Serias
amenazas de muerte a madre que denunció a sacerdote
“Usted
está hablando mucho, está haciendo quedar a la iglesia muy
mal. Si sale en el reportaje de la BBC, usted va a tener
problemas. Acuérdese lo que le pasó a Parmenio”.
Estas palabras sellaron la amenaza de muerte contra
doña Flory Salazar, la mujer que denunció al sacerdote
Enrique Vásquez en 1998. El religioso, quien huyó de Costa
Rica ese año, enfrenta una denuncia por abuso sexual en
perjuicio de una persona menor de edad.
La amenaza se produjo por medio de una llamada anónima
a un teléfono celular este martes 11 de mayo poco antes del
medio día. Curiosamente, muy pocas personas sabían que la
BBC (la televisión británica) había entrevistado a la
mujer para incluir su historia en un documental de una hora
que saldrá al aire el mes próximo.
“Ya me han llamado antes para ofrecerme dinero a
cambio de que quite la denuncia, pero es la primera amenaza
de muerte que recibimos. El hombre que llamó me dijo que
era la primera y la última vez que llamaba”, explicó doña
Flory.
El abogado de la familia, Raúl Muñoz, considera
que las amenazas son dignas de toda credibilidad, por lo que
en las próximas horas estarían presentando una denuncia
ante el Ministerio Público.
“A mi no me da miedo, porque estoy diciendo la
verdad. Hemos esperado mucho tiempo por este proceso”,
agregó la denunciante.
Vásquez huyó de Costa Rica en 1998, apenas un día
después de que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
presentara una denuncia en su contra ante la Fiscalía,
luego de que doña Flory Salazar contó lo ocurrido.
El prelado apareció en una iglesia de Connecticut,
Estados Unidos, de donde fue removido en el año 2002 cuando
los encargados de la arquidiócesis de Hartford descubrieron
sus antecedentes. Fue la última vez que se supo de su
paradero.
En esa oportunidad, el vocero de la arquidiócesis,
el padre John Gatzak, infirmó que habían recibido un
“certificado de idoneidad” de parte de representantes de
la iglesia en Costa Rica, en la que expresaban su permiso
para que oficiara como sacerdote en ese lugar.
Sin embargo, el obispo de Ciudad Quesada, Ángel San
Casimiro, rechazó conocer el paradero del sacerdote
mediante notas enviadas a la fiscal a cargo de la
investigación en 1998 y en el 2003, aunque hay evidencias
que discrepan con sus manifestaciones.
El Juzgado Penal de Alajuela decretó la orden de
captura internacional del sacerdote el doce de marzo del dos
mil cuatro, luego de una petición de Casa Alianza. La orden
fue entregada a la oficina de la Policía Internacional
(INTERPOL), en Costa Rica, ese mismo día y luego, el 16 de
marzo, a la Sección de Capturas del OIJ.
La fotografía de Vásquez fue colocada en el sitio
web de Interpol:
http://www.interpol.int/public/Wanted/Notices/Data/2002/42/2002_40442.asp
Se
teme que la causa contra Vásquez prescriba antes de que
termine el año, debido a que ha logrado mantenerse fuera
del alcance de las autoridades. La pregunta es, si regresa a
Costa Rica cuando su caso se haya archivado, ¿volverá a
ejercer como sacerdote?
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Mayo
19, 2004
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Serias
amenazas de muerte a madre que denunció a sacerdote
“Usted
está hablando mucho, está haciendo quedar a la iglesia muy
mal. Si sale en el reportaje de la BBC, usted va a tener
problemas. Acuérdese lo que le pasó a Parmenio”.
Estas palabras sellaron la amenaza de muerte contra
doña Flory Salazar, la mujer que denunció al sacerdote
Enrique Vásquez en 1998. El religioso, quien huyó de Costa
Rica ese año, enfrenta una denuncia por abuso sexual en
perjuicio de una persona menor de edad.
La amenaza se produjo por medio de una llamada anónima
a un teléfono celular este martes 11 de mayo poco antes del
medio día. Curiosamente, muy pocas personas sabían que la
BBC (la televisión británica) había entrevistado a la
mujer para incluir su historia en un documental de una hora
que saldrá al aire el mes próximo.
“Ya me han llamado antes para ofrecerme dinero a
cambio de que quite la denuncia, pero es la primera amenaza
de muerte que recibimos. El hombre que llamó me dijo que
era la primera y la última vez que llamaba”, explicó doña
Flory.
El abogado de la familia, Raúl Muñoz, considera
que las amenazas son dignas de toda credibilidad, por lo que
en las próximas horas estarían presentando una denuncia
ante el Ministerio Público.
“A mi no me da miedo, porque estoy diciendo la
verdad. Hemos esperado mucho tiempo por este proceso”,
agregó la denunciante.
Vásquez huyó de Costa Rica en 1998, apenas un día
después de que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
presentara una denuncia en su contra ante la Fiscalía,
luego de que doña Flory Salazar contó lo ocurrido.
El prelado apareció en una iglesia de Connecticut,
Estados Unidos, de donde fue removido en el año 2002 cuando
los encargados de la arquidiócesis de Hartford descubrieron
sus antecedentes. Fue la última vez que se supo de su
paradero.
En esa oportunidad, el vocero de la arquidiócesis,
el padre John Gatzak, infirmó que habían recibido un
“certificado de idoneidad” de parte de representantes de
la iglesia en Costa Rica, en la que expresaban su permiso
para que oficiara como sacerdote en ese lugar.
Sin embargo, el obispo de Ciudad Quesada, Ángel San
Casimiro, rechazó conocer el paradero del sacerdote
mediante notas enviadas a la fiscal a cargo de la
investigación en 1998 y en el 2003, aunque hay evidencias
que discrepan con sus manifestaciones.
El Juzgado Penal de Alajuela decretó la orden de
captura internacional del sacerdote el doce de marzo del dos
mil cuatro, luego de una petición de Casa Alianza. La orden
fue entregada a la oficina de la Policía Internacional
(INTERPOL), en Costa Rica, ese mismo día y luego, el 16 de
marzo, a la Sección de Capturas del OIJ.
La fotografía de Vásquez fue colocada en el sitio
web de Interpol:
http://www.interpol.int/public/Wanted/Notices/Data/2002/42/2002_40442.asp
Se
teme que la causa contra Vásquez prescriba antes de que
termine el año, debido a que ha logrado mantenerse fuera
del alcance de las autoridades. La pregunta es, si regresa a
Costa Rica cuando su caso se haya archivado, ¿volverá a
ejercer como sacerdote?
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Mayo
05, 2004
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UNIVERSIDAD
NACIONAL
FACULTAD
DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA
DE ECONOMIA
INVITA
AL I FORO ACADEMICO SOBRE EL TLC
ANÁLISIS
CRÍTICO DEL TEXTO BORRADOR, RECOMENDACIONES Y
ALTERNATIVAS
TEMAS
A TRATAR Y EXPOSITORES:
LABORAL
, Capítulo 16 (Dr. Henry Mora Jiménez),
AGRICULTURA
(Lic. Manuel Barahona Montero)
INVERSIÓN,
Capítulo 10 (Dr. Henry Mora Jiménez)
FECHA
Jueves
6 de mayo, 2004
LUGAR
Auditorio
Clodomiro Picado
HORA
8:30
a.m. - 12:00 m.d.
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Mayo
05, 2004
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Conflicto
agrario de Bambuzal
Jefe
del Ministerio Público sienta peligrosísimo precedente
contra derechos humanos y garantías constitucionales.
Hace varios días las familias campesinas de
Bambuzal -Rió Frió de Sarapiquí- fuimos objeto de otro
brutal desalojo por parte de la Fuerza Pública y grupos de
seguridad privada de la transnacional bananera Standar Fruit
Company. No contentos con desalojamos de nuestras parcelas,
ni con arrasar con todos nuestros modestos cultivos, ni con
volarnos bala, garrote, gas y cárcel, ni con matarnos ya
dos compañeros, la empresa bananera terrateniente y el
Gobierno de Abel Pacheco con la cómplice participación de
un Fiscal de Sarapiquí, lograron que un juez penal dictara
una orden judicial que nos prohíbe acercamos a Rió Frió,
lugar de nuestra comunidad. Hoy estamos en San José
obligados por esa circunstancia. Vinimos con la esperanza de
que nuestra denuncia de estos atropellos fuera atendida por
los más altos jerarcas del Ministerio Público y del Poder
Judicial. Sin embargo, el señor Francisco Dall'anesse,
nuevo Fiscal General de la República, dijo que todo lo que
había hecho el Fiscal de Sarapiquí estaba bien,
"estaba a derecho". ¿Y qué fue lo que hizo ese
Fiscal? Veamos:
1-
Ejecutó el desalojo SIN ORDEN JUDICIAL.
2-
Detuvo y dictó prisión preventiva contra 73
campesinos, hombres y mujeres, SIN ORDEN JUDICIAL.
3-
Dictó incomunicación de los detenidos (prohibió
que el defensor hablara con los acusados) también SIN ORDEN
JUDICIAL.
Esta
serie de arbitrariedades y abusos terminó 36 horas después
con la diligencia de una jueza que, sin notificar a nuestro
defensor y en ausencia de él, se presentó a la cárcel del
Comando de la Fuerza Pública de Sarapiquí a dictamos la
"medida cautelar" que nos prohíbe acercamos a Rió
Frío.
¿Qué implica entonces que el señor Dall'anese
diga que esto es "actuar a derecho"? Implica que
en adelante cualquier fiscal del país puede desalojar por
su propia cuenta; implica que cualquier fiscal del país
puede dictar prisión preventiva y hasta incomunicar a un
detenido sin orden judicial. Es decir, que los fiscales se
están atribuyendo potestades de un juez, que pueden violar
a su antojo el debido proceso penal, en dos platos: que
pueden barrer con derechos constitucionales y humanos cuando
les de la gana o... cuando sus poderosos mentores se lo
pidan. El señor Fiscal General de la República debe ser
claro con nosotros y con todos los costarricenses: si esto
es así, debe decirlo sin rodeos y no limitarse solo a
manifestar que su subaltemo de Sarapiquí "actuó a
derecho".
Es muy oportuno alertar al pueblo costarricense de
este peligrosísimo precedente que atenta contra las más
elementales garantías individuales. Para nosotros no es
sorpresa que el gobierno empresarial de Abel Pacheco nos de
la espalda y se someta servilmente a los intereses de la
transnacional bananera. Pero cuando este cáncer del
servilismo se asoma a los estrados fiscales y judiciales, la
situación es grave.
Pedimos al movimiento sindical y popular
costarricense que no nos de la espalda y que por el
contrario, juntos impidamos esta estocada al Estado de
Derecho y a la Soberanía Nacional.
TIERRA, JUSTICIA Y TRABAJO
Asociación de Campesinos de Bambuzal
Mayo de
2004
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